La realidad de la logopedia en Canarias. Un problema de salud pública
La presidenta, Susana Nieto, explicó los problemas que causa la falta de logopedas en distintos ámbitos, la colegiación voluntaria y la confusión entre logopedia y maestro de AyL.
El COLC ha ofrecido este viernes, 9 de mayo, una rueda de prensa para informar de la situación actual de la logopedia en las islas: desconocimiento de nuestra profesión, funciones y servicios; la falta de logopedas en los ámbitos sanitario, educativo, socionsanitario y judicial; confusión entre la figura del logopeda y el maestro de AyL y la campaña que iniciamos a este respecto, y el problema de la colegiación voluntaria.
El acto informativo ha estado muy concurrido por la presencia de una decena de medios, y porque la presidenta estuvo arropada por miembros de la Junta del COLC. Junto a la presidenta, ha intervenido la vicepresidenta, Virginia Santos. Además, la vocal Aissa Balde ha colaborado para la presentación en la pantalla, y Rocío González, con la conexión a través de Zoom para los medios que no podían acudir al acto celebrado en un hotel de la capital tinerfeña.
A continuación les informamos de lo expuesto en este evento:
La logopedia es una disciplina sanitaria, regulada legalmente, cuya práctica profesional está dirigida al diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y funciones orales no verbales como la deglución. En Canarias, sin embargo, esta labor se encuentra desdibujada por la ausencia de regulación efectiva, el uso incorrecto del término “logopeda” y la falta de este profesional en los servicios públicos esenciales, especialmente en educación y sanidad.
Esta situación ha sido expuesta en distintas reuniones con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y con el consejero y el viceconsejero de Educación, junto a las principales preocupaciones del sector: la necesidad urgente de modificar la Ley de creación del Colegio para hacer obligatoria la colegiación (como el resto de las profesiones sanitarias), garantizar el control de la práctica profesional, exigir la colegiación en los conciertos y autorizaciones de centros, y combatir la confusión entre profesionales sanitarios y docentes. Pero no hay avance sustanciales.
Ámbito educativo
Se emplea erróneamente el término “logopeda escolar” para referirse a los maestros de Audición y Lenguaje, lo cual genera una falsa percepción de atención especializada. Esta confusión es tan grave que el propio sistema sanitario deriva a niños desde Atención Temprana al sistema educativo a partir de los tres años, asumiendo que en la escuela recibirán atención logopédica, cuando esto no es cierto. Esta situación deja a menores con trastornos del lenguaje, la comunicación y la deglución en una situación de vulnerabilidad, sin atención clínica adecuada, comprometiendo su desarrollo y bienestar.
En muchas ocasiones, se derivan desde hospitales públicos del Servicio Canario de Salud pacientes con necesidades logopédicas, al “logopeda escolar”, figura que no existe, en vez de derivar a la red privada, donde sí contamos con casi 300 colegiadas y un número que aún desconocemos de logopedas no colegiados.
Ámbito sanitario
En el SCS hay aproximadamente 40 logopedas en el Servicio Canario de Salud para una población de más de dos millones de personas. Las listas de espera superan los dos años en algunas islas. En muchas ocasiones, el alta en algunas unidades de Atención Temprana se otorga anticipadamente, o se deriva a profesionales que no tienen formación clínica en logopedia, como fisioterapeutas o maestros.
En adultos con patologías neurológicas (ictus, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas) u oncológicas (cánceres de cabeza y cuello, tumores cerebrales), la intervención logopédica no es una opción secundaria: es una necesidad urgente para preservar o recuperar funciones tan esenciales como alimentarse, comunicarse y respirar con seguridad.
Sin intervención logopédica especializada, los pacientes quedan expuestos a complicaciones graves como broncoaspiraciones, desnutrición, aislamiento social, pérdida del habla y deterioro cognitivo. Y, sin embargo, en la práctica, la logopedia sigue sin formar parte de los protocolos clínicos en tiempo y forma.
En los hospitales, muchas veces, no se activa el servicio de logopedia. En rehabilitación, los tiempos de intervención son escasos y no adaptados a la complejidad del paciente. Y con el alta, en la mayoría de los casos no se garantiza continuidad ni información sobre alternativas privadas.
Cuando un adulto no puede tragar sin riesgo, o no puede volver a comunicarse, no está simplemente “en rehabilitación”, está en juego su autonomía, su vínculo social y su calidad de vida.
Por esto es urgente visibilizar el papel del logopeda como profesional sanitario esencial, desde el ingreso hospitalario hasta el seguimiento ambulatorio. Y es fundamental que los profesionales sanitarios conozcan y comuniquen la existencia de una red privada especializada que puede actuar de forma inmediata cuando el sistema público no llega a tiempo.
Ámbito sociosanitario
La figura del logopeda no está recogida ni en la Ley de Dependencia, ni en los equipos de valoración, ni en los centros de mayores o de discapacidad.
En muchos casos, las familias de personas con dependencia aceptan un Plan Individual de Atención (PIA) que no contempla la terapia logopédica, fundamental para su desarrollo y calidad de vida.
La figura profesional del logopeda no está recogida en la Ley de Dependencia como profesional sanitario exigible dentro del equipo multidisciplinar que atiende a personas con discapacidad, dependencia, personas con cuadros de fragilidad y cronicidad, personas que reciben atención paliativa a final de la vida, personas con enfermedades raras, neurodegenerativas o demencias.
La disfagia no diagnosticada causa graves complicaciones que pueden conducir a la morbilidad y la mortalidad del paciente. Es tan alta la prevalencia en personas mayores que se considera un síndrome geriátrico.
El servicio de logopedia en un centro de día o residencial de personas mayores, personas dependientes o con discapacidad, es hoy en día una necesidad evidente que no se está atendiendo. Y es el deber de la Administración pública dotar a los centros de este profesional de la salud.
Falta de control institucional
En Canarias existen casi 300 logopedas colegiados, pero se estima que hay más del triple de profesionales titulados que no están censados. Esto impide saber si ejercen legalmente. Además, la colegiación voluntaria contraviene la legislación nacional, y muchos centros privados ofrecen servicios de logopedia sin verificar si quien los presta tiene titulación, seguro de responsabilidad civil profesional o autorización sanitaria del SCS. Esta realidad constituye un problema grave de salud pública.
Esta situación ha dado pie a que el COLC presentará una moción en diferentes ayuntamientos, como la aprobada recientemente por el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, con las siguientes medidas:
- Modificar la Ley de creación del Colegio para hacer obligatoria la colegiación.
- Establecer un censo actualizado de logopedas y centros sanitarios autorizados.
- Aumentar la dotación de logopedas en centros de salud, hospitales, Atención Primaria y residencias de mayores.
- Eliminar el uso erróneo del término “logopeda” en materiales educativos, sanitarios y municipales.
- Informar correctamente a las familias y evitar publicidad engañosa en centros educativos o privados.
- Lanzar campañas de sensibilización sobre la importancia de la logopedia en la salud pública.
- Facilitar formación y orientación desde el Colegio Profesional a otros sectores implicados.
El cartel que hoy presentamos forma parte de una campaña más amplia de visibilización, regulación de la profesión en canarias y corrección del uso incorrecto del término “logopeda”. Nuestro objetivo es ayudar a la ciudadanía, al personal sanitario y al educativo a distinguir claramente entre logopedas —profesional sanitario con formación clínica— y maestros de Audición y Lenguaje —profesional docente cuya labor es pedagógica y no terapéutica—. Ambos perfiles son fundamentales en sus respectivos campos, pero no son equivalentes ni intercambiables.
Esta no es una reclamación gremial ni corporativa. Estamos hablando de derechos fundamentales de la ciudadanía: derecho a recibir información precisa, derecho a recibir un diagnóstico adecuado, un tratamiento eficaz y atención por parte de profesionales cualificados.
Confiamos, por tanto, en que se produzca un punto de inflexión en el abordaje institucional de la logopedia en Canarias.
